Careo de Yakiri con uno de sus agresores y cómplices hoteleros

DSC_0003-x Carolina S. Romero y Amaranta Marentes Orozco

Pocas son las mujeres que, encarceladas por defenderse contra el feminicidio, cuentan con un apoyo familiar tan sólido como el que tiene Yakiri Rubí Rubio Aupart. Personas conscientes y combativas se encuentran en pie de lucha y de ninguna manera van a permitir que su hija, hermana, nieta o amiga, quede encerrada por defender su derecho a vivir. Este núcleo social se apoya en un grupo más amplio, que incluye un colectivo feminista que hace acompañamiento de base, así como acciones de solidaridad a nivel nacional e internacional.

El martes 25 de febrero, al acercarse al juzgado 68 de la penitenciaria femenil de Santa Martha Acatitla, se escuchan tambores y gritos en apoyo a Yaki. Es el día del careo con Luis Omar Ramírez Anaya, uno de sus agresores,  y con los dueños del hotel Alcázar, quienes no logran entrar desapercibidos al juzgado. Son recibidos con consignas y pintas en carteles y mantas: “Violador, la virgen no te cuida”,  “Yaki libre ya”, “Ante la violencia, legítima defensa”, “Si nos juzgan por haber sobrevivido, la justicia nos quiere muertas”, “Justicia para Yaki”.

Las y los manifestantes tienen la certeza de que las mentiras y contradicciones en los testimonios del agresor y acusador —hermano del difunto violador de la joven— así como de los cómplices hoteleros, quedarán al descubierto frente a la palabra de Yakiri. Durante los dos meses que ha estado en la cárcel, se ha documentado una larga lista de irregularidades, empezando por una errónea descripción que realizó la parte acusadora: “una mujer de pantalón negro, chaleco negro y güera”. Yakiri es morena y de pelo negro; el día que la atacaron vestía pantalón gris deslavado y playera de cuello de tortuga con manga larga.

La audiencia en el tribunal del juez Santiago Ávila Negrón es una demostración de la soberbia del poder. Está prohibida la entrada al público interesado en escuchar los testimonios. Los papás de Yakiri son tratados como delincuentes durante la audiencia.

En entrevista, Oscar Kin Rubio Morán, hermano de Yakiri, nos habla de las irregularidades que plagan el proceso y de las contradicciones en los testimonios de los testigos del hotel, de los oficiales que detuvieron a su hermana y de Luis Omar Ramírez Anaya. Menciona que hay cambios cruciales entre la primera y segunda declaración de Luis Omar, los cuales no pueden hacerse públicos en este momento debido a que podrían perjudicar el proceso.

Denuncia que, a pesar de ser familiar,  no se le permitió presenciar el careo, con el argumento de que “la sala es muy pequeña” y que aunque “existe una normativa y reglas en México, todo depende del juez”, lo cual refería a la reglamentación vigente para procesos jurídicos públicos y al hecho de que el acceso fuera negado por Santiago Ávila Negrón. Cuando el hermano de Yakiri apeló sobre su derecho a entrar, le dijeron: “No, ésta es zona del juez, y si el juez lo decide te saco”

Por otro lado, cuenta que debido a que Yakiri entró al hotel “con pareja”, el sistema judicial ha dado por hecho que fue sexo consensuado y que no existe violación. Oscar también abunda en que los tres médicos legistas que revisaron a Yakiri en la agencia 50 del ministerio público, declararon que no existía violación debido a que la joven no presentaba golpes. Ésa es otra de las grandes inconsistencias, ya que ella tenía una herida en el brazo que inclusive fue suturada ahí mismo, en el ministerio público. Una de las médicas que negó la violación fue cuestionada por la abogada defensora acerca de si contaba con algún estudio ginecológico para acreditar la violación o ausencia de ella, la respuesta fue negativa.

El hermano de la presa comenta que la Comisión de Derechos Humanos del DF ha estado siguiendo el proceso de cerca y ha presionado a los responsables para que Yakiri reciba atención psicológica y médica dentro del penal. Dice que gracias a su presencia el caso ha podido tener cobertura, ya que al principio las autoridades ni siquiera permitían que los medios tomaran fotos y amedrentaban a quienes iban a apoyar.

El caso despierta manifestaciones de solidaridad y profundiza el repudio popular hacia el sistema judicial

Algunas de las injusticias cometidas en contra de Yakiri se documentan en un amicus curiae recién desarrollado por especialistas de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el Comité Ciudadano por la Libertad del Yaki. El documento destaca que “el Ministerio Público (MP) de la Agencia 50 y el Juzgado 68 Penal habría ignorado tratados internacionales y violentado los Derechos Humanos (DH) de Yakiri, al desestimar su denuncia y acusarla del homicidio de su agresor.  La investigación del MP y su valoración por parte del juez Santiago Ávila Negrón tampoco consideraron las leyes y protocolos nacionales sobre violencia sexual, por lo que incurrieron en omisiones e irregularidades” (en Contrapoder).

Como otra irregularidad en el caso, Oscar señala la suspensión de la audiencia anterior. El juez paró las declaraciones  y dejó dicho al encargado de actas que la audiencia quedaba suspendida.

El joven concluye agradeciendo la solidaridad de las feministas en al caso: “Nos han dado un apoyo sensacional.”

Al salir de la audiencia, el padre de Yakiri, José Luis Rubio, relató los hechos en su perfil de Facebook:

“Como casi siempre, fue una audiencia plagada de irregularidades y enconos: Ahora el juez Santiago Ávila Negrón fue más allá de sus atribuciones y le confiscó un celular a uno de los abogados auxiliares de la defensa. ¿El motivo? Tenía encendido el aparato y al parecer, estaba grabando parte de los careos. Aunque la abogada había pedido permiso para ello, éste le fue denegado. En un principio, el juez había prometido entregar el celular al final de la audiencia.

El problema es que la Ministerio Público, que coordina un equipo de cinco ministerios más contra la defensa, hace del juzgado su reino. Usa las computadoras, cuchichea con todos ellos, se levanta, sale, entra, se va a la otra oficina donde están los otros testigos y lo peor: ella sí manda mensajes y contesta el teléfono… Nadie le dice nada, pero en cambio si mi esposa o yo hacemos alguna expresión, exclamación o señal de aprobación o negación con la cabeza, soy amonestado y advertido de que si lo repito, seré expulsado.

Incluso el juez dijo a la abogada que todas las mujeres que van a protestar afuera de las audiencias, son pagadas por ella: Que les ‘da $200 pesos por escandalizar y que eso lo escuchó por ahí’. Eso en palabras de un juez de la Judicatura…

Yo tenía a mi lado a un par de policías ministeriales y otras tres personas al fondo del juzgado… Después supe que esos ministeriales pagados con nuestros impuestos, fueron enviados por la PGJDF, para proteger a Luis Omar, que como siempre, se comporta como una gallina ante el grito y reclamo justo de las mujeres… Eso fue lo mejor: la entrada y salida de este tipo, protegido, cobijado y escoltado por la policía. Salió a empellones, mentadas de madre, reclamos, e incluso hubo quien le enfrentó con palabras por su cobardía, o con su cámara retrató su miedo, pero el policía de la PGJ, empujó a esta persona con fuerza lanzándola al piso; eso enojó a la multitud y se fueron tras de la patrulla… ¿Qué no se dan cuenta las autoridades que el mejor lugar para este engendro es la cárcel?”

La audiencia de hoy, así como todo el proceso contra esta joven, da cuenta de una situación en la que la imposición y el ejercicio ilegítimo del poder, por quienes se creen dueños del sistema de justicia, genera mucho coraje. Sin embargo, a pesar de todos los atropellos, la lucha sigue no sólo en los tribunales, sino en todos los foros públicos posibles para lograr justicia y libertad para Yakiri.

http://subversiones.org/archivos/20521

 

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